Tres son las
etapas en las que se funda la existencia de un delito informático: la de su
inclusión en los catálogos penales (legislación), la forma en que se debe
investigar (forense informática) y, la forma en que se acredita ante un juzgado
o tribunal (prueba electrónica). En México aun no se ha pasado de conformar la
primera etapa a pesar de contar con escasos pero muy buenos elementos para
realizar la segunda.
Todos
los días, por distintos medios, somos testigos de una diversidad de conductas
cometidas a través de las nuevas tecnologías. A guisa de ejemplo, el robo de
identidad y la pornografía infantil son conductas que con los nuevos medios
electrónicos han repuntado de manera exponencial. No muy lejos hemos leído los
múltiples fraudes cometidos en la red en donde la legislación tradicional
parece ser insuficiente. ¿pero realmente no hay legislación para acotar estas
conductas? ¿y qué decir del insospechado alcance que han tenido las redes
sociales?
¿La
tecnología debe dar una respuesta a lo que se origina justo con el desarrollo
de la propia tecnología o es que el legislador tiene, entre otros pendientes,
legislar y unificar el tratamiento que deberá darle a los llamados delitos
informáticos con el fin de no dejar vacíos que son aprovechados por la
criminalidad “en línea” o informática? Lo hemos señalado antes: “El sueño de un
mundo automatizado se puede volver en la pesadilla de quienes han puesto sus
bienes al alcance de cualquier medio electrónico”.
Es
urgente revisar y unificar la legislación de la materia. Como es urgente
revisar la conveniencia de resolver un problema global sin las respuestas
locales que han resultado tan infructuosas, lo que se ha traducido en un nicho
de impunidad que cuesta muchos millones de dólares para los afectados por las
conductas de las que son víctimas en la red.
Cuando
se haga la revisión legislativa se deberá tomar en cuenta que día a día existen
nuevas amenazas en la red, conductas que están partiendo de esa misma
naturaleza etérea con la que está hecho el ciberespacio.
El
convenio de Budapest contra la cibercriminalidad, que fue realizado en
noviembre de 2001 (antes del auge de las redes sociales, que en mucho han
cambiado la faz de la red y la conducta de los usuarios), representa un gran
reto legislativo, puesto que abarca diversas materias sensibles que no pocas
veces ha dado motivo a los dilemas sobre las libertades y el control
legislativo, lo que ha retrasado su discusión para ratificarlo. Pero omitir su
estudio sólo mantiene en situación de atraso económico a los países en
desarrollo y en un franco estado de vulnerabilidad a los usuarios de los medios
informáticos.
Regulación jurídica del Internet