En México existe un marco jurídico a
partir del cual se establecen las reglas que deberán observar los servidores
públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, es decir, en los procesos de autenticidad de indicios o evidencias.
La cadena de custodia es un sistema
de control y registro que se aplica al
material probatorio, desde el momento de su localización hasta que se
presenta en juicio. El rompimiento de este sistema de control, se castiga con
sanciones administrativas o sanciones penales y tiene consecuencias directas
sobre el valor probatorio de los indicios hallados en la escena de los hechos.
La cadena de custodia nos ayuda tanto en el ámbito de la criminalística como en el procedimiento penal, ya que cualquier contaminación de las pruebas e indicios en la escena del crimen puede alterar el resultado en un proceso penal obligando al juez a condenar o absolver a la persona equivocada. Los parámetros de la cadena de custodia son obligatorios para la policía, los peritos
y cualquier servidor público que se estén obligados a preservar el lugar donde se encuentra la información completa
que permitirá determinar la forma en que sucedieron los hechos.
Cadena de custodia y prueba en el modelo acusatorio
El Ministerio Público en el nuevo sistema de justicia penal
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